El nuevo Congreso puede saldar la deuda del sistema con los jóvenes
Columna de Rafael Arias, Gerente de Educación y Empleo
¿Qué necesitan los jóvenes del nuevo Congreso y las candidaturas a la Presidencia?
Ahora que tenemos congresistas electos para 2026-2030 y que la competencia por la Presidencia empezó en serio, veamos qué dicen los jóvenes sobre lo qué quieren y necesitan en materia de educación y empleo para calibrar la actividad legislativa, el control político y los planes de gobierno.
Partamos de entender que los jóvenes sí quieren estudiar, trabajar o emprender. La enorme mayoría desea estudiar después del colegio; la mayoría reporta el trabajo como principal fuente de ingresos; y todos tienen gastos de hogar, educación, alimentación, etc., por los cuales responder de alguna manera (GOYN, 2023 y FExE, 2024).
Entonces ¿por qué 5 millones (de los 12 millones de jóvenes colombianos) son “Jóvenes con Potencial”? (AIL, 2025) Esencialmente por lo que busca resaltar este concepto de Jóvenes con Potencial (a diferencia de “ninis” o “noes”): las barreras que obstaculizan e interrumpen el desarrollo de un joven que no está estudiando o trabajando, o que si trabaja lo hace en la
informalidad.
Que 4 de cada 10 jóvenes en Colombia sean Jóvenes con Potencial, es consistente con las percepciones que reportan los jóvenes cuando son encuestados. Según el más reciente estudio Jóvenes en Sociedad (C&C, 2026), 6 de cada 10 jóvenes ha enfrentado barreras en el último año para acceder a educación y 5 de cada 10 para encontrar trabajo.
Con tantos jóvenes excluidos de las oportunidades ¿será mejor “resetear” el sistema? No, de ninguna manera. No hay que olvidar que 4,5 millones de jóvenes están estudiando y más de 2 millones de jóvenes trabajan en la formalidad. Lejos de ser perfecto, el sistema no adolece de oportunidades para los jóvenes, pero estas aún no son pertinentes, suficientes y
equitativas.
Hay tres áreas claras en las que el nuevo Congreso y el próximo gobierno podrían mejorar sustancialmente las oportunidades de los jóvenes, con relativa facilidad.
1. Bases sólidas de aprendizaje.
5 de cada 10 jóvenes nos dicen que desarrollar conocimientos es la principal razón por la que valoran el bachillerato y 4 de cada 10 que identificar intereses y habilidades para su futuro es la segunda. Contrario a una mirada frívola o indiferente (menos del 3% no considera valioso el bachillerato), los jóvenes tienen expectativas claras de que debería suceder antes de graduarse (C&C, 2026). Sin embargo, lo que los jóvenes esperan no es lo que reciben. Solo 13 de cada 100 estudiantes que ingresan al colegio, llegan a grado 11° y logran desarrollar aprendizajes esenciales de manera integral (ORE, 2026).
El nuevo Congreso podrá expedir un acto legislativo que haga obligatoria la educación media (grados escolares 10 y 11); no tiene sentido que en Colombia la educación escolar sea obligatoria hasta grado 9, cosa que solo sucede en un puñado de países de la región. También podrá fijar recursos específicos y suficientes para garantizar la estructura, dotación y docentes que requieren una educación media obligatoria e integral; esto en el marco de la ley de competencias que tarde o temprano tendrá que regular el aumento progresivo de recursos del SGP, aprobado en 2024.
Por su parte, quienes aspiran a la Presidencia deberían incorporar ya en sus planes de gobierno, metas para mejorar la permanencia y los aprendizajes en la educación media, reestructurando este ciclo educativo para que el proyecto de vida sea el integrador de tantos aprendizajes y experiencias (académicas, éticas, deportivas, socio-ocupacionales, etc.) que suceden simultáneamente en los grados 10 y 11.
2. Educación posmedia moderna.
24% de encuestados declara no tener recursos suficientes para acceder, pero muy de cerca, 19% dice no tener opciones educativas cercanas al hogar y 18% no encontrar programas que se ajusten a sus horarios (C&C, 2026). Apostar todo al caballo de la financiación es unerror evidente, hay que destinar buena parte de los esfuerzos a flexibilizar la oferta posmedia. Flexibilidad por ubicación y horario, pero también por una brecha de habilidades entre el talento colombiano y las necesidades de los empleadores, que sigue rondando el 60% (Manpower, 2026).
La tarea del nuevo Congreso es crear un nuevo marco legal que simplifique la oferta posmedia. Para garantizar flexibilidad y calidad, debe eliminar la dualidad entre educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano; de modo que haya una única educación posmedia, que oferte formaciones largas y cortas en lugares y horarios alternativos,bajo estándares de calidad de segunda generación. Para garantizar pertinencia, debe incluir incentivos financieros a programas co-diseñados con el sector productivo y que demuestren mayores tasas de colocación y retención laboral. Todo esto, incluyendo al SENA.
Las candidaturas a la Presidencia deberían incorporar ya en sus planes de gobierno, medidas para fomentar una oferta alternativa, asignando parte de los recursos que financian la educación superior a programas que cumplan con los criterios de flexibilidad, calidad y pertinencia antes mencionados. En crisis fiscal, la clave no está en destinar más recursos sino en dedicar una porción relevante de los ya destinados a educación superior, para incentivar programas no tradicionales (ciclos de base por áreas de conocimiento, microcredenciales,
formación dual corta, etc.).
3. Empleo efectivo.
20% de los encuestados indica que la principal barrera que enfrenta para conseguir empleo es la solicitud de experiencia mayor a la alcanzada, 15% que aún contando la experiencia no tiene cómo certificarla y 14% que carece de una red de contactos (C&C, 2026). Aunque el empleo a veces parece algo abstracto, hay un mercado laboral con responsables concretos de corregir las fallas. Los jóvenes nos alertan sobre dos fallas críticas.
Paradójicamente, el sector productivo requiere habilidades específicas antes que experiencia y existe una red de prestadores del Servicio Público de Empleo (SPE) que debería haber sustituido ya a los contactos personales.
El nuevo Congreso tiene en sus manos la posibilidad de hacer más competitiva la prestación de servicios de intermediación laboral, reestructurando los incentivos que reciben los diferentes tipos de prestadores del SPE y afinando algunas partidas incondicionales por ley, para que sean pagadas por resultados de colocación y retención laboral.
Las candidaturas presidenciales deberían estar incorporando ya en sus planes de gobierno, metas de desempleo juvenil para que esta tasa baje a un dígito, cerrando la brecha respecto al desempleo general y apostando por la reducción de la informalidad. Para ello podrían adoptar tres medidas concretas: que todos sus programas de empleo se paguen por resultados, que todos los procesos del SPE (particularmente la gestión empresarial) se estructuren por habilidades (en lugar de techos de papel como la experiencia o la titulación) y que se generen incentivos financieros a las empresas que contraten jóvenes por habilidades y no por experiencia
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