Tres oportunidades para que el nuevo Congreso represente mejor a la juventud
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Este 20 de julio se instala el Congreso de la República 2026–2030 en un país
donde el 78,3 % de los jóvenes no se siente representado por esta corporación
pública.
Fundación Corona comparte con las y los nuevos congresistas una agenda
construida durante cuatro años de trabajo en incidencia para avanzar en tres
prioridades: fortalecer la educación media, ampliar la participación juvenil y
consolidar espacios de diálogo entre las juventudes y el Congreso.
Entre las recomendaciones de la organización se encuentra dar continuidad a la Comisión Accidental de Juventud, una instancia multipartidista creada en 2022 para promover la participación y representación de las juventudes en la agenda legislativa.
Los 286 congresistas que hoy asumen sus curules tienen la oportunidad de fortalecer la relación entre las instituciones democráticas y una generación de jóvenes que quiere participar, aportar y construir soluciones para el país. Las juventudes son actores fundamentales para la legitimidad y el futuro de la democracia colombiana, no solo por su peso poblacional, económico y electoral, sino por su capacidad de impulsar nuevas agendas y liderazgos para el desarrollo del país. Aun así, el 78,3 % de los jóvenes entre 15 y 25 años no se siente representado por el Congreso, según el Latinobarómetro de 2024, y solo 1 de cada 4 cree que a los políticos les importan sus opiniones, de acuerdo con el Barómetro de las Américas 2023.
Frente a ese panorama, Fundación Corona, a partir de la evidencia del estudio Jóvenes en Sociedad, desarrollado junto a la London School of Economics (LSE), la Fundación Bolívar Davivienda y Cifras & Conceptos, y de su experiencia de trabajo legislativo con congresistas de distintos partidos, presenta al nuevo Congreso una agenda de incidencia en varios frentes en los que las y los legisladores tienen un papel fundamental para transformar las oportunidades de la juventud.
"Hoy contamos con evidencia, aprendizajes y experiencias concretas que nos permiten entender dónde están las principales barreras que enfrentan las y los jóvenes y qué decisiones pueden generar transformaciones reales en sus oportunidades. Por eso queremos poner este conocimiento al servicio del nuevo Congreso, para contribuir a una agenda pública informada, ambiciosa y con capacidad de generar cambios de fondo", señaló Daniel Uribe, director ejecutivo de Fundación Corona.
La primera oportunidad: hacer de la educación media una prioridad nacional
Los grados 10 y 11 representan uno de los momentos más decisivos en la trayectoria educativa de las juventudes y en la definición de sus proyectos de vida. Sin embargo, es justamente allí donde el sistema escolar colombiano muestra mayores debilidades: la cobertura neta en educación media alcanza apenas el 50,3 % según cifras del Ministerio de Educación y solo 1 de cada 4 jóvenes logra aprendizajes adecuados en las cuatro principales áreas de conocimiento.
La razón de fondo es estructural: la educación media en Colombia no es obligatoria y tampoco tiene una identidad clara alrededor de la cual se coordinen las autoridades educativas, los docentes y las comunidades para que los jóvenes desarrollen las capacidades que necesitan para construir su proyecto de vida.
Por eso, el llamado de Fundación Corona al nuevo Congreso es dar el paso que el país tiene pendiente: apoyar una reforma al artículo 67 de la Constitución para que la educación escolar sea obligatoria al menos hasta los 17 años y cubra los grados 10 y 11, fijando los recursos que esa obligatoriedad exige. En paralelo, el Ministerio de Educación debe adoptar una política de transformación de la educación media, centrada en el proyecto de vida y el protagonismo juvenil, que priorice recursos en los territorios con mayores brechas de permanencia y aprendizajes.
“En Colombia creemos que la educación media es un complemento, un par de años extra para retener a los jóvenes en el colegio. Los grados 10 y 11 en nuestro país carecen de una identidad clara, cuando en realidad son determinantes para consolidar los aprendizajes y capacidades que permitirán a los jóvenes decidir y navegar a través de su proyecto de vida”. señaló Rafael Arias, Gerente de Educación y Empleo en Fundación Corona.
La segunda oportunidad: promover una participación juvenil que vaya más allá de la opinión
Los Consejos de Juventud provienen de una demanda histórica de la juventud para contar con espacios de interlocución, representación e incidencia. Desde el 2013, Colombia cuenta con un marco legal para la participación juvenil: el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que creó el Sistema Nacional de las Juventudes, los Consejos de Juventud y las Plataformas de las Juventudes. Sin embargo, en la práctica este marco opera con baja representación e incidencia juvenil en las decisiones públicas locales y nacionales.
Según la Universidad Javeriana, en 2025 apenas el 16,9 % de la población joven conocía los Consejos de Juventud. La votación para elegir estas instancias pasó tan solo del 10 % en 2021 al 12 % en 2025. Según el estudio Jóvenes en Sociedad, solo el 22 % ha participado en alguna actividad cívica promovida por el gobierno y apenas el 7 % ha impulsado sus propias iniciativas ciudadanas. El cuello de botella no es la falta de voluntad de las juventudes, sino la ausencia de reglas, capacidades, recursos y mecanismos de respuesta que traduzcan su voz en decisiones. La brecha institucional es diciente: solo 73 de los 1.102 municipios del país (el 6,7 %) cuentan con una política pública de juventud.
“El Congreso de la República enfrenta hoy el reto de acordar y aprobar una reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil que otorgue más y mejores capacidades a los Consejos de Juventud y a las plataformas de juventudes, para aumentar la incidencia de la juventud en las decisiones públicas”, añadió Diana Dajer, Gerente de Democracia en Fundación Corona.
Tercera oportunidad: continuar con una instancia que, de forma intencionada y multipartidista, atienda los retos y demandas propias de la juventud
Algunos de los últimos avances en temas de juventud en Colombia se han podido movilizar y han tenido origen en la Comisión Accidental de la Juventud de la Cámara de Representantes, una instancia creada mediante la Resolución 2342 del 12 de septiembre de 2022 e integrada por 28 representantes de distintos partidos. Esta se encarga de estudiar, analizar y proponer iniciativas que amplíen las oportunidades de la juventud colombiana, hacer seguimiento al CONPES 4040 de 2021 (el pacto de Colombia con las juventudes) y ejercer control político sobre las acciones del Gobierno en educación, participación, empleo y garantía de derechos.
En estos cuatro años, la Comisión demostró que los temas de juventud pueden dejar de ser un asunto sectorial para convertirse en una agenda transversal del Legislativo: desde allí se impulsaron la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil y el proyecto de ley de inserción laboral juvenil, con audiencias públicas descentralizadas en los territorios y un trabajo articulado con organizaciones juveniles, academia y sociedad civil. Las comisiones accidentales, sin embargo, no continúan automáticamente entre periodos. Por eso, Fundación Corona hace un llamado a las y los congresistas del periodo 2026–2030 a conformar nuevamente la Comisión Accidental de Juventud, constituir una Comisión Accidental bicameral o incluso evaluar si se requiere instalar una comisión permanente, para darle continuidad a las iniciativas en trámite y consolidarla como el puente permanente entre los 12 millones de jóvenes del país y el Legislativo.
Cifras clave
El 78,3 % de los jóvenes entre 15 y 25 años no se siente representado por el Congreso (Latinobarómetro, 2024).
La cobertura neta en educación media es del 50,3 % (SIMAT, 2024) y solo 1 de cada 4 jóvenes alcanza aprendizajes adecuados en las cuatro principales áreas (Observatorio de Realidades Educativas, 2025)).
Solo 13 de cada 100 jóvenes en Colombia termina el colegio a tiempo y aprendiendo lo que necesita integralmente para su futuro (ORE).
Solo el 16,9 % de los jóvenes conoce los Consejos de Juventud (Universidad Javeriana, 2025).
Apenas 73 de los 1.102 municipios del país (6,7 %) cuentan con una política pública de juventud (Defensoría del Pueblo, 2023).
