Más allá del rebusque: ¿y si el problema no es solo la informalidad?

Cada mayo en Colombia, conmemoramos el Día Internacional del Trabajo: una fecha para reconocer que el trabajo mueve al mundo, sostiene hogares y hace posible buena parte de nuestra vida cotidiana. 

Pero esta fecha, que también reivindica los derechos laborales, es una oportunidad para preguntarnos qué significa realmente “tener trabajo” en un país como Colombia. Hoy, más de 13 millones de personas en el país trabajan en condiciones de informalidad. Esto representa cerca del 56% de la población ocupada del país. Es decir, más de la mitad de quienes trabajan todos los días lo hacen sin acceso pleno a protección social, estabilidad o garantías laborales. 

Y esto ocurre incluso en un contexto donde el país ha mostrado avances importantes en materia de empleo. En los últimos meses se han registrado reducciones relevantes en la tasa de desempleo, alcanzando algunos de los niveles más bajos de la última década: entre junio 2024 y junio 2025, el desempleo bajó de 10,3% al 8,6%. Sin duda, esta es una noticia positiva; sin embargo, mientras el desempleo disminuye, la informalidad continúa afectando de manera persistente y parece no cambiar en el tiempo.  

Y ahí aparece una pregunta importante: ¿qué nos está diciendo realmente el mercado laboral colombiano? Porque pareciera que el problema ya no es únicamente cuántas personas trabajan, sino bajo qué condiciones lo hacen. 

Mientras una parte de la población logra insertarse en un mercado laboral donde - aunque con múltiples retos- existen reglas claras, estabilidad relativa y acceso a protección social, millones de personas trabajan sin esa red mínima de seguridad. 

Y esa diferencia importa más de lo que a veces creemos: En Colombia, más de dos de cada tres personas que trabajan en la informalidad viven en pobreza monetaria, y más de la mitad en pobreza extrema (DANE, 2024).  

Sin embargo, detrás de un empleo formal no solo hay un ingreso. También hay acceso a salud, cesantías, primas, pensión y cobertura en riesgos laborales; y con todo eso, cierta posibilidad de que el futuro sea menos incierto. Hay una estructura institucional que reconoce que trabajar también debería significar tener derechos y protección frente a la vulnerabilidad. 

Mientras tanto, la otra mitad del país también trabaja. Se levanta todos los días, produce, vende, transporta, construye, cocina, cuida, recicla o presta servicios que usamos constantemente. Su trabajo sostiene barrios, economías locales y dinámicas urbanas enteras. Sin embargo, lo hace con ingresos inestables y sin acceso efectivo a mecanismos de protección. 

Pero el impacto de la informalidad no se queda solo en la vida de quienes la enfrentan. También tiene una dimensión sistémica: cuando más de la mitad de la población ocupada permanece por fuera de los esquemas tradicionales de cotización, se debilitan las bases de financiamiento de la protección social y aumenta la presión sobre sistemas como salud, pensiones y riesgos laborales. La informalidad también reduce la base tributaria en un 25%, generando mayor presión sobre subsidios estatales (AIL, 2026). 

Y eso obliga a preguntarnos algo incómodo: ¿qué tanto hemos naturalizado sobre el trabajo informal? 

Porque año tras año seguimos diciendo que la informalidad laboral afecta a casi la mitad de la población ocupada, como si se tratara de una anomalía temporal que eventualmente desaparecerá. Como si en algún momento el mercado laboral formal fuera a expandirse lo suficiente para absorber automáticamente a millones de personas. 

Pero el problema es que muchas de esas personas ya tienen un trabajo. Ya cumplen una función económica y social concreta. No están “por fuera” del mundo laboral esperando ingresar a él: ya hacen parte de él, aunque el sistema siga sin reconocer plenamente esa realidad. 

De hecho, buena parte de la informalidad en Colombia está compuesta por personas trabajadoras por cuenta propia 79,7% y dueños de negocios propios 10,1%, en muchos casos, funcionan bajo esquemas de subsistencia con ingresos fragmentados e intermitentes. Además, según datos analizados en nuestro policy brief ¨Más allá del Rebusque¨, solo 42% de las personas ocupadas cotiza a pensión y apenas 4,8 % de personas en la informalidad tiene cobertura en riesgos laborales (Alianza por la Inclusión Laboral, 2026) 

Esto significa que millones de personas trabajan, generan ingresos y sostienen actividades económicas, pero siguen por fuera de mecanismos básicos de protección frente a enfermedad, accidentes, vejez o pérdida de ingresos. Y para muchos de ellos, cotizar bajo las reglas tradicionales resulta prácticamente imposible: no porque no trabajen, sino porque sus ingresos son variables, inestables o insuficientes para cumplir los requisitos del sistema actual. 

Entonces, vale la pena ponerlo sobre la mesa: ¿seguimos esperando a que algún día desaparezca la informalidad? ¿O empezamos a discutir cómo adaptar los sistemas de protección social a las formas reales en las que trabaja buena parte del país? 

La reciente reforma laboral abre una conversación importante. Aunque gran parte de la discusión pública se ha concentrado en fortalecer el empleo formal, también aparecen algunas ventanas de oportunidad para pensar en esquemas más flexibles de cotización y protección social. Y quizá ahí hay una discusión que hemos postergado demasiado tiempo. 

Porque la discusión no debería ser si renunciamos o no a generar más empleo formal. El empleo formal sigue siendo fundamental y debe fortalecerse. Pero tal vez el reto ya no es únicamente formalizar a toda costa, sino reconocer que millones de personas trabajan bajo esquemas diversos, fragmentados e inestables, y que construir un sistema de protección social exclusivamente atado al empleo formal tradicional puede seguir dejando a buena parte de la población por fuera. 

Tal vez la pregunta de fondo no es solo cómo reducir la informalidad, sino cómo garantizar derechos y protección en un país donde el trabajo nunca ha sido de una sola forma.  

En nuestro policy brief «Más allá del rebusque» desarrollamos esta discusión con evidencia y proponemos rutas concretas para construir un sistema de protección social que reconozca todas las formas de trabajo en Colombia. Léelo, compártelo y descárgalo aquí: