LA PANDEMIA DESNUDA LA DESIGUALDAD EN COLOMBIA
Autora: Sandra García.
Esta pandemia ha dejado en evidencia la fragilidad de un sistema altamente desigual y la necesidad de fortalecer varios componentes del sistema de protección social.
Una de las externalidades positivas de la pandemia covid-19 ha sido la acelerada creación e implementación de ideas innovadoras para hacerle frente a la crisis en materia social y educativa: en menos de dos semanas la Alcaldía de Bogotá puso en marcha un sistema de transferencias monetarias para ampliar una red de protección social a los más vulnerables, varias secretarías de educación montaron en tiempo record guías para que los estudiantes mantuvieran un mínimo nivel de aprendizaje en sus casas, y universidades públicas y privadas se volcaron a la educación virtual en cuestión de días.
Al mismo tiempo, enfrentar la pandemia también ha puesto en evidencia (más que nunca) la dolorosa situación de desigualdad en Colombia. Y no me refiero solo a la desigualdad de ingresos, sino a la desigualdad de oportunidades que se refleja en la gran heterogeneidad en el acceso a servicios básicos como tener un techo, agua potable, y conectividad.
La crisis nos ha mostrado que dos acciones tan “simples” como lavarse las manos y quedarse en casa son acciones imposibles de cumplir para una proporción importante de la población que no tiene acceso a servicio de agua o que vive en hogares cuyo sustento depende de una actividad informal que genera ingresos a diario. De esto último se percató rápidamente el gobierno nacional y puso en marcha la entrega inmediata de los pagos de los subsidios de Familias Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, y el pago de una transferencia adicional para poder asegurar un consumo mínimo en los próximos días de cuarentena. Adicionalmente, el gobierno Distrital fue más allá, y le otorgará un apoyo económico no solo a los hogares en condición de pobreza sino a los vulnerables.
Si bien estas medidas de entrega de subsidios monetarios y en especie contribuirán a que cerca de 14 millones de personas que viven en condición de pobreza o de vulnerabilidad puedan hacer la cuarentena bajo un techo y sin aguantar hambre, quedan otros temas que son de difícil solución en el corto plazo. El primero, como ya lo mostraron en este blog mis colegas de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, cerca de 22.8 millones de personas están en hogares que devengan su ingreso de actividades informales. Es decir que hay cerca de 9 millones de personas que no se están viendo beneficiadas por las medidas recientes del gobierno para los más pobres.
Esta población vulnerable que estaba “cerca” de la línea de pobreza está en este momento fuera del sistema de asistencia social y requiere atención urgente para evitar que consecuencias irreversibles como por ejemplo la baja ingesta de alimentos, la desescolarización de los niños y jóvenes o el trabajo infantil. Para estas familias, hay una solución viable en el corto plazo, aunque costosa, y es la entrega de subsidios monetarios, como lo proponen los autores del blog mencionado.
Dos dimensiones adicionales que son aún más difíciles de solucionar en el corto plazo son el acceso a agua potable y conectividad. Como lo muestran Diego Lucumí y Silvia Quiroz en El Espectador, 86 por ciento de los hogares en Colombia tienen acceso a agua potable (es decir que cerca de 1 de cada 7 hogares no tiene acceso a agua). Lo que es peor, las brechas regionales son abismales: por ejemplo, la cobertura de agua en Chocó es tan solo del 28.5 por ciento. Esto quiere decir que menos de la tercera parte de la población podrá implementar la medida “sencilla” de lavado de manos como mecanismos de protección de contagio.
Se necesitan entonces acciones inmediatas como puede ser la mayor disponibilidad de geles para poder ser utilizados para la higienización de manos. Sin embargo, pone en evidencia la urgencia de solucionar de manera sostenible el acceso a algo tan básico y fundamental para la vida: el agua.
En cuanto a la conectividad a internet, esta resulta ser indispensable para poder acceder a la educación virtual. Es evidente que la entrega de guías educativas para que los niños trabajen en casa no son suficientes para garantizar los procesos de aprendizaje. Es fundamental la interacción y retroalimentación que los estudiantes tienen de sus maestros. Para ello, la conectividad, al igual que el agua, se convierte en un servicio vital. Vital para el aprendizaje.
Sin embargo, como lo muestran Johnattan García y Juliana Kairuz, la inequidad en el acceso a este servicio es inmensa: mientras que 94.8 por ciento de los hogares de estrato 6 tiene conectividad a internet, solo 15.8 por ciento de los hogares en estrato uno tienen acceso a este servicio.
De manera que para la gran mayoría de los niños y adolescentes en los hogares más pobres la opción de continuar sus estudios de manera efectiva con la interacción de un profesor es casi imposible. Esto lo que hará será ampliar aún más las brechas en aprendizaje entre los niños y jóvenes de diferentes estratos socioeconómicos.
Como mencioné al comienzo, esta crisis ha traído nuevas ideas que están beneficiando a muchas personas. También ha mostrado que tenemos un sistema de protección social relativamente maduro, con posibilidad de llegarle a los más vulnerables con asistencia de emergencia.
La crisis, además, ha visibilizado el trabajo incansable de funcionarios públicos que entregan su vida para que sobrevivamos esta crisis y para proteger sobretodo a los más vulnerables. Sin embargo, esta pandemia también ha dejado en evidencia la fragilidad de un sistema altamente desigual y la necesidad de fortalecer varios componentes del sistema de protección social: 1) fortalecer el rol de “red de protección” del sistema, de manera que todos los hogares estén protegidos ante caídas del ingreso, sobretodo las caídas fuertes.
En este punto, dos opciones para la discusión son tener un ingreso básico universal o fortalecer el seguro de desempleo; 2) asegurar el acceso a agua en todo el territorio nacional. Acá es necesario entender qué ha pasado con los recursos del SGP destinados a este servicio y replicar soluciones innovadoras que se han implementado en zonas dispersas; y 3) declarar como servicio público esencial la conectividad a internet y garantizar su acceso universal.
Por supuesto que faltan muchas cosas más, pero si estos tres cambios se dan, se contribuiría de manera sustancial a una mayor igualdad de oportunidades para el desarrollo humano. Algunos de estos cambios estructurales se podrán realizar de manera inmediata, pero si se implementan, contribuirán a fortalecer y construir una sociedad más justa y digna para todos. Sería una externalidad positiva a largo plazo de esta crisis global.
**Este artículo fue publicado originalmente en La Silla Vacía, el 31 de marzo del 2020.