¿Realmente se comprometen los candidatos con la educación?

Uno de los temas clave en la agenda del país es el de la educación, y la elección de una u otra fórmula presidencial va a demarcar en mucho los avances que alcancemos en los próximos cuatro años en esta materia.

La elección condicionará entre otras cosas, lo que logremos recortar en las brechas existentes entre nivel educativo, calidad de vida y productividad. Hoy, la mitad de los niños están condenados a salir de manera anticipada del sistema educativo, y los que logran completar al menos el ciclo de educación básica y media, están a su vez condenados a hacerlo con un rezago de varios años frente a los jóvenes que alcanzan los mismos grados escolares en otros países -lo equivalente a un año de estudio para los mejor preparados y de tres, para la mayoría del país que está menos preparada-.

Aún más dramático es que a medida que avanzan se encontrarán con que cada año que les faltó en el sistema escolar, condicionará para siempre sus posibilidades de llegar al mercado laboral formal, quedando por fuera de la mayoría de mecanismos de protección social como la salud, pensión, recreación, vacaciones y cobertura por riesgos laborales, por solo hablar de los efectos directos. La experiencia muestra que no hay recursos públicos suficientes para compensar desde el Estado, a través de políticas reactivas de subsidios, los huecos en generación de desarrollo que se desprenden de las debilidades de nuestro sistema educativo.

Los que aspiren a continuar su formación luego de la etapa escolar, se encontrarán a su vez con un sistema caótico, con una oferta específica de educación para el trabajo que no se reconoce, fomenta, vigila ni articula con las necesidades de los territorios y del aparato productivo de manera adecuada. Un ejemplo claro es la formación técnica; hoy día se ofrecen tres tipos distintos de técnica que ni estudiantes, ni empleadores reconocen en su diferencia y utilidad.

Los que procuren una formación universitaria de calidad, encontrarán en la práctica que muy pocos de ellos podrán iniciar, y que de los que lo hagan solo la mitad podrá terminar con éxito.

Para completar la foto, quienes logren graduarse de alguna modalidad de educación luego de la etapa escolar, encontrarán que las falencias de calidad y pertinencia en su formación van a condicionar su desempeño laboral. Así pues, como país mantendremos el rezago en productividad asociada al desempeño del talento humano, conservando prácticamente los mismos niveles de productividad desde mitad del siglo pasado. Tres, cinco, hasta ocho trabajadores -según el sector- producen en Colombia lo que un solo trabajador en un país desarrollado. Un rezago en productividad que mantendría y profundizaría la brecha frente a otros países -no solo de otras regiones sino también frente a varios de nuestra región-.

Y en este contexto, llegan las fórmulas presidenciales a proponer qué harán para mejorar nuestro sistema educativo. Al igual que ocurre con otros temas, las campañas hablarán mucho de ideas generales, apoyándose en la comunicación permanente de cifras en aras de proyectarse como conocedores de las problemáticas. Por desgracia las campañas políticas logran cautivar al electorado con promesas generales y cifras estadísticas, pero con muy poca información de cómo lo harían y en especial de cómo sortearían las dificultades que han enfrentado quienes los antecedieron, tratando justamente de implementar lo que de nuevo se está prometiendo y desconociendo lo alcanzado.

Las propuestas en materia educativa coinciden en “ lugares comunes”; casi todos llegan al mismo punto de partida al promulgar la educación como motor del desarrollo, aumentar la inversión, mejorar la calidad, cerrar brechas de cobertura, reivindicar a los maestros, incentivar la ciencia, incorporar tecnología, mejorar el nivel de bilingüismo, hacer de la educación un proceso integral, aumentar la jornada escolar, y reconocer las particularidades territoriales y poblacionales.    

Muy poco se habla en cambio de reformar la ley 30; de avanzar hacia un currículo unificado para básica y media como ocurre en la mayoría de países; de dar a los maestros los recursos –de todo tipo- para poder ampliar las jornadas; de organizar el caos en el que está la oferta de formación para el trabajo, la técnica y la tecnológica; de mejorar los mecanismos de aprobación de entidades y programas; de despolitizar el Sena, de reducir la corrupción e ineficiencia en varias de las universidades públicas y en otros contextos del sistema educativo; o de ajustar el régimen diferencial de pensiones que contribuye de manera significativa en la crisis pensional del país, por citar algunos.

Y no se hace porque hablar de los cómos y de las reformas necesarias es costoso políticamente. Costoso porque una parte importante de la opinión pública seguirá tentada, por ejemplo, a asumir que cualquier esfuerzo por aumentar la calidad y exigencia en el sistema es una afrenta contra los maestros y la autonomía de las entidades; porque cualquier esfuerzo por aumentar la eficiencia y reducir la corrupción reduciría la influencia que tienen políticos para condicionar a su favor la asignación de recursos públicos o para nombrar cuotas burocráticas en las entidades; y costoso porque varios sectores que tienen una gran capacidad de movilización o de lobby, al perder privilegios, no dudarían en activar sus influencias o paralizar el servicio, a pesar de que a menudo lo que prima es el ánimo de lucro o el interés particular sobre el general. No son todos por supuesto, pero sí los suficientes como para que la educación permanezca en un estado de anomia y nos conformemos con los tímidos avances de los últimos años. 

Y no se habla de los cómo porque además son muy débiles los canales de transmisión de una administración a otra, como para que permitieran avanzar desde lo que ya se está haciendo, desde lo que ya se ha intentado, y de ajustar a partir de los duros aprendizajes y de las dificultades enfrentadas en el pasado. Tenemos muy pocos mecanismos para rodear a los buenos funcionarios y continuar con las buenas iniciativas; para blindarnos en el fondo del vaivén de los intereses particulares.   

Podemos seguir abordando el tema de la educación desde el lugar común de considerarlo panacea -que termina en promesas vacías-, no haciendo ajustes de fondo para no asumir el costo político; o como acertadamente decía SemanaEducación en un pasado editorial, alternando entre la indiferencia colectiva y la controversia escandalosa.

**Este artículo fue publicado originalmente en La Silla Vacia, el 22 de mayo de 2018.