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Corresponsabilidad, transparencia e innovación pública: Las tres prioridades de Colombia en Estado Abierto para el 2023

Por: Diana Dajer, Gerente de Participación Ciudadana de Fundación Corona @dianadajerJuan Carlos Fernández, Coordinador de Estado Abierto de Fundación Corona, @fernandezjca 

 

La ciudadanía colombiana siente una fuerte desconfianza hacia el Estado y su percepción con relación a la corrupción se mantiene en altos niveles. Según la OECD, solo 2 de cada 10 personas confía en el gobierno nacional. A su vez, en su medición de abril de 2023, Invamer evidenció que un 74% de la población nacional considera que la corrupción está empeorando, siendo uno de los problemas que más preocupa. 

Del 8 al 12 de mayo el mundo celebra la semana del Gobierno Abierto, una forma de incentivar la acción colectiva a nivel global y local, para construir instituciones públicas más transparentes, participativas, innovadoras y responsables en sus rendiciones de cuentas. En la última década, el Estado colombiano ha avanzado en la creación de políticas públicas y capacidad institucional para ser más transparente y fomentar la colaboración con la ciudadanía, por ejemplo, a través de su afiliación a la Alianza por el Gobierno Abierto en el 2011, construyendo, implementando y evaluando acciones concretas para fortalecer el Estado Abierto a través de cuatro planes de acción a la fecha, así como con la creación del CONPES 4070 de 2021, sobre Estado Abierto. Sin embargo, aún falta mucho para que, tanto a nivel nacional como local, Colombia consolide e implemente de manera sostenible una política de Estado abierto ambiciosa y sostenible, que incluya la apertura de todas las ramas del poder público a nivel nacional y local.   

La colaboración y compromiso para mejorar los servicios que brinda el Estado a la ciudadanía es esencial para enfrentar la desconfianza en Colombia y luchar contra la corrupción. Más participación con incidencia real en decisiones públicas, más transparencia y acceso a la información pública y más responsabilidad en las rendiciones de cuentas, en resumidas cuentas, una agenda Estado abierto fortalecida y consolidada, son apuestas urgentes para el país.  

De cara a la creación del V Plan de Estado Abierto que la Alianza por el Gobierno Abierto de Colombia comenzó hace unas semanas, hay tres prioridades para fortalecer el Estado abierto en Colombia en este cuatrienio. 

1. Corresponsabilidad en el diseño, implementación y evaluación de decisiones públicas 

El CONPES 4070 de 2021 sobre Estado Abierto, destaca la corresponsabilidad en las decisiones públicas como un elemento central del Estado Abierto. La corresponsabilidad trasciende la apertura institucional de canales de participación ciudadana, para generar una visión de lo público en la que la ciudadanía, el sector privado y la academia son copartícipes del diseño, implementación y evaluación de lo público y la creación de valor común. Es una concepción que rompe con la visión de un Estado asistencialista, para destacar la agencia de la ciudadanía, como sujetos de derechos y deberes, así como la necesidad de forjar políticas públicas inclusivas desde el diseño hasta la toma de decisión, propiciando formas de participación más allá de la consulta, hacia la deliberación e involucramiento ciudadano en la puesta en marcha de las decisiones tomadas.  

Como muestra el citado CONPES, el país ha adelantado varios esfuerzos normativos al respecto, como las leyes 1757 de 2015 y 1909 de 2018, sobre participación ciudadana y garantías para la oposición, las cuales incluyen, entre otras, disposiciones en rendición de cuentas, control social y audiencias públicas en proyectos de inversión. Sin embargo, los mecanismos creados en estas normas tienen poca implementación, baja participación ciudadana y no son suficientes para propiciar una acción corresponsable de lo público. Para citar un caso, la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos para el año 2022 muestra que el 72% de la población no participa en espacios de participación ciudadana y solo el 14% considera que el gobierno responde de manera efectiva a las necesidades de la ciudadanía.  

No obstante, a nivel local se están impulsando diversos esfuerzos por fomentar gobernanzas corresponsables de lo público, por ejemplo, adoptando metodologías que permiten crear de manera participativa políticas públicas. Un caso exitoso es la adopción en Yumbo de la política pública de juventud, que incluye medidas sobre prevención de homicidios creadas de manera participativa por diversos actores de la comunidad gracias al proceso de iniciativas de diálogo territorial desarrollado por el NIMD, la Fundación Smurfit Kappa, la Alianza Empresarial de Yumbo y Fundación Corona en el 2022. Esta metodología permite que la ciudadanía, los sectores público y privado, la academia y las organizaciones sociales trabajen de manera conjunta para identificar un problema apremiante en el territorio y crear una política pública participativa para generar una solución estructural que luego pueda ser adoptada por las autoridades locales. De igual forma, en Yumbo la política de gobierno abierto fue creada de manera participativa con la ciudadanía en el 2022, gracias a una alianza entre los sectores público y privado.  

Por otra parte, el laboratorio de innovación pública del Concejo de Bogotá, Demolab, creado de manera conjunta por el Concejo y una alianza de organizaciones ciudadanas y de la comunidad internacional, como Extituto, Ideemos, Fundación Avina, Diseño Público, Fescol, el NIMD y Fundación Corona, es un ejemplo de cómo el sector público puede trabajar de la mano con otros sectores para innovar en la toma de decisiones públicas a nivel local y propiciar la deliberación ciudadana sobre diversos problemas sociales. En este contexto, este año el Concejo de Bogotá está propiciando una Asamblea Ciudadana Itinerante para realizar un balance de la ciudad en el último cuatrienio, que informe la realización del próximo plan distrital de desarrollo. Esta metodología, institucionalizada en la Resolución 550 de 2020 del Concejo de Bogotá y reconocida por la OECD como buena práctica para institucionalizar la democracia deliberativa, utiliza el sorteo para dialogar con la ciudadanía sobre temas de interés para la ciudad. 

Como muestran estos ejemplos, hay muchas oportunidades para propiciar una gobernanza corresponsable de lo público en Colombia. De cara a las elecciones locales de este año, estos casos pueden inspirar a candidatos y candidatas a generar planes de gobierno, rendiciones de cuentas y planeación y presupuestación pública que trascienda la mera consulta o información, para propiciar un involucramiento ciudadano corresponsable de lo público que materialice un verdadero Estado abierto.  

2. Transparencia para la lucha contra la corrupción 

Si la ciudadanía puede acceder a información pública de calidad, lograremos mejor veeduría y control social a cualquier proyecto de interés colectivo. De igual forma, la transparencia permite crear una cultura de respuesta institucional por parte del sector público, en la que la rendición de cuentas cercana a la ciudadanía y la apertura de datos a través de mecanismos fáciles de acceder, con lenguaje claro, sean la regla general.  

Durante los últimos años, Colombia avanzó en la apertura de datos, por ejemplo, a través de la publicación de 16 conjuntos de datos a través del portal www.datos.gov.co, como destaca el informe del Mecanismo de Revisión Independiente de OGP para el IV Plan de Estado Abierto de Colombia, el cual se encuentra abierto para participación del público hasta el 18 de mayo. Sin embargo, esta información se queda corta frente a la necesidad de continuar publicando información fácilmente accesible en materia de presupuesto público a nivel subnacional y nacional y contratación estatal que permita hacer control social a lo público. Igualmente, existen muchas debilidades por parte de las instituciones públicas para garantizar el acceso ciudadano a la información. Para citar un caso, el CONPES 4070 de 2021 destaca que en el período comprendido entre marzo de 2016 y marzo de 2017 se presentaron 2296 tutelas por vulneración al derecho de petición. El trabajo en materia de apertura de datos, lucha contra la corrupción y cultura de la transparencia realizado por Datasketch, Corlide y el Instituto Anticorrupción, organizaciones de la sociedad civil que pertenecen a la Alianza para el Gobierno Abierto de Colombia, es un gran ejemplo de control ciudadano a lo público para contrarrestar los problemas citados. 

La opacidad en la información pública facilita la corrupción, la cual afecta directamente la vida de miles, incluso de millones de personas que dejan de recibir algún bien o servicio del Estado. A su vez, quiebra la confianza entre la ciudadanía y las instituciones que fueron creadas para brindar respuestas efectivas a las necesidades colectivas.  

El CONPES 4070 de 2021 y el reciente Plan Nacional de Desarrollo incluyen medidas para la interoperabilidad de sistemas de información y la formulación de una estrategia nacional de lucha contra la corrupción con dimensiones como la protección a denunciantes, el derecho al acceso a la información pública, el fortalecimiento de la veeduría ciudadana, la transparencia en la contratación y la gestión pública, la innovación pública y la implementación de mecanismos dirigidos a prevenir, detectar, gestionar y sancionar riesgos y hechos de corrupción bajo un enfoque sectorial.  

El proyecto de ley de protección al denunciante que será presentado en los próximos días al Congreso de la República por la Secretaría de Transparencia, es una herramienta fundamental para avanzar en la lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta que la baja denuncia de casos de corrupción por miedo a represalias es uno de los principales problemas en la persecución de delitos de corrupción. Las citadas medidas, junto con un índice que permita medir y comparar el compromiso con el Estado abierto de las diversas entidades estatales, debería ser prioridad en el próximo Plan de Estado Abierto de Colombia.   

3. Innovación pública sostenible  

La innovación pública es un instrumento útil para que los servicios que brinda la institucionalidad del Estado sean más eficientes, efectivos y mejoren la calidad de vida de millones de ciudadanos. Los grandes retos que enfrenta el Estado colombiano requieren de nuevos métodos y equipos capaces de interpretar la multicausalidad de los problemas y posibles soluciones y reaccionar a ellos con medidas diseñadas, implementadas y evaluadas con la ciudadanía.  

En Colombia, la innovación pública ha tenido avances significativos. Con el liderazgo de las respectivas alcaldías y Concejos, alianzas con universidades y el sector privado y el apoyo de Extituto, Diseño Público y Fundación Corona, cientos de funcionarios públicos en Bucaramanga, Bogotá, Buenaventura y Yumbo, han finalizado procesos de formación en innovación pública y ya se encuentran ejecutando proyectos dentro de sus instituciones. En Buenaventura, por ejemplo, se encuentra en proceso de consolidación un prototipo de una herramienta tecnológica que va a permitir hacer seguimiento en tiempo real al avance de construcción de obras públicas y al programa de alimentación escolar del Distrito. En Yumbo, por su parte, se creó una plataforma tecnológica que sirve para que la ciudadanía vote a favor o en contra de iniciativas propuestas por la administración y el Concejo municipal. En el Concejo de Bogotá, a través del laboratorio de innovación Demolab, se creó una plataforma que permite a la ciudadanía escoger los temas en los que el Concejo Distrital debería realizar control político a la Alcaldía.  

No obstante, un reto para el impacto de las iniciativas de innovación pública en Colombia es su falta de sostenibilidad. La rotación de personal en el sector público debido a la amplia contratación de funcionarios por prestación de servicios sin garantías de continuidad, en muchos casos impide que personas que han trabajado en procesos de innovación continúen desarrollándolos en el mediano y largo plazo por su desvinculación de la entidad. La creación de una red nacional de innovación pública en la que funcionarios, organizaciones de la sociedad civil y académicos que se encuentren trabajando en esta materia, dialoguen y compartan metodologías e información para mejorar procesos, puede apoyar el trabajo colaborativo en innovación pública y la sostenibilidad de procesos, razón por la cual debería ser un compromiso prioritario para el próximo Plan de Estado Abierto.  

Otro reto que dificulta la sostenibilidad de la innovación en el sector público es la falta de institucionalización de procesos y soluciones innovadoras. En los últimos años, ha abundado la creación de laboratorios de innovación en diversas dependencias públicas. Sin embargo, en muchos casos estos laboratorios dependen de la voluntad política de la dirección de la institución y sus soluciones generan resultados positivos en el corto plazo, pero no se insertan en el ADN institucional. En la edición de este año de la iniciativa 17 Rooms, de The Rockefeller Foundation y The Brookings Institution, para generar espacios de construcción de acciones colaborativas para materializar los ODS, la conversación sobre el ODS 16 se centra en priorizar acciones concretas para institucionalizar la democracia participativa y deliberativa a nivel mundial. Esta conversación, que lideramos de manera conjunta Josh Lerner de People Powered y Diana Dajer de Fundación Corona, puede ser útil para propiciar ideas y colaboraciones que permitan dar sostenibilidad a procesos de innovación democrática a través de su institucionalización.  

El V Plan de Acción en Estado Abierto de Colombia, es una gran oportunidad para involucrar a diferentes sectores sociales a nivel nacional y territorial, para diseñar compromisos claves que diferentes instituciones deben asumir y cumplir en los próximos años para lograr instituciones más transparentes, participativas e innovadoras. Esperamos que las tres prioridades expuestas en este blog, con su respectivo diagnóstico y propuestas, sean de utilidad para la creación del plan y el fortalecimiento del Estado abierto en Colombia en los próximos años. Para que este plan responda a las prioridades y necesidades de toda la población, necesitamos que tenga una amplia participación ciudadana. Les invitamos a participar en el proceso las próximas semanas, según la metodología creada por AGA Colombia.